Se cumple un año desde que Santos fue electo presidente y las dudas que se pudieron despertar en ese momento sobre la agenda económica que impulsaría el hombre de “la tercera vía” empiezan a quedar desechas. Ya está claro que la política de la confianza inversionista de Uribe, está más que representada en la actual administración. Lo referenció Santos el pasado 16 de Junio al sancionar el Plan Nacional de Desarrollo: Estamos cuidando muy bien sus huevitos[1].
Entonces, cualquier análisis que se desprenda del desarrollo económico del gobierno Santos dependerá en buena medida del entendimiento de lo acaecido durante la primera década del siglo presente con la economía colombiana y mundial, que tuvo como prolegómeno la crisis y recesión de 1999.
CONTEXTO
El gobierno Uribe fue el encargado de organizar y reorientar la economía colombiana en la primera década del siglo XXI después de los episodios, producto del neoliberalismo, ocurridos en el último año del siglo anterior. Para esto contó con la orientación de los máximos dirigentes de la economía mundial e ideólogos del Laissez faire moderno, es decir, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), portavoces económicos de Estados Unidos y las grandes corporaciones.
La suscripción del acuerdo extendido con el FMI y el Plan Colombia durante el periodo Pastrana se convirtieron en la línea a seguir en la nueva etapa de profundización del neoliberalismo[2]. A estos se acogieron las dos administraciones Uribe; mas dos acuerdos Stand by firmados en lo corrido de dicho gobierno. Del cumplimiento de estos, son producto las dos enmiendas más importantes a la constitución en términos económicos y sociales, las que recortaron las transferencias territoriales para salud, educación y saneamiento básico.
Reducción del proteccionismo a cualquier renglón económico a través del reajuste de aranceles; la venta de activos del estado; el reordenamiento jurídico y legal, iniciado con la aplicación de la nueva constitución, para privilegiar la inversión extranjera sobre la nacional; las zonas francas; la flexibilización laboral llevada a cabo por la ley 50 de 1990 primero y posteriormente con la 789 de 2002; el replanteamiento de los contratos firmados por el estado colombiano en asocio con transnacionales para la explotación de productos mineros y petroleros, que dejaron el negocio gordo para las ultimas.
Lo anterior como marco de la nueva división del trabajo que llamó al mundo a globalizarse y a los países a especializarse; especialmente a los del tercer mundo en la atracción del capital mundial, que está siempre en búsqueda del mayor beneficio y el menor riesgo, porque, como lo resumiera de manera acertada el actual presidente del BM Robert Zoellick: “el capital es un cobarde, no va a donde no se siente seguro”, y aun más cobarde, si como sucedió en la última década, se enfrenta a crisis como las que propiciaron la burbuja especulativa puntocom y la última y más profunda, la de las hipotecassubprime.
Pues bien, como ya se anotó, Uribe fue fiel seguidor de esas directrices; con la acotación de que benefició y aupó con más ahincó la especialización del país en la extracción de materia prima. La “locomotora minera” no aparece en el gobierno Santos.
LO QUE VA DE SANTOS
En medio de un ambiente político más favorable que aquel con el que contó Uribe, el de la unidad nacional más parecido a manguala, como lo reseñó el senador Jorge Enrique Robledo, Santos ha podido implementar de manera más fácil reformas que se impulsaron en el gobierno anterior, pero con las que no tuvieron éxito. Aquí me referiré de manera sucinta a las que considero más importantes y de mayor relevancia para la vida de la mayoría de los colombianos.
La Constitución nacional que estableció el Estado Social de Derecho, así como mecanismos para el cumplimiento de tal, a través de las acciones de tutelas y las acciones populares, y la prioridad de la política fiscal al gasto social[3], ha sufrido modificaciones que han venido cambiando su esencia, como la regla fiscal impulsada por Santos y prioridad de su gobierno para regular el déficit y honrar el pago de la deuda. Dicha reforma somete la aprobación del gasto público, entiéndase salud, educación y servicios de saneamiento básico, a un juicioso régimen de equilibrio fiscal; luego cualquier demanda popular por el acceso efectivo a dichos derechos, que en Colombia terminaron por ser garantizados en el papel gracias a las sentencias de las cortes y la rama judicial en un claro detrimento de la constitución, estará supeditada a otras decisiones, y lo que fue prioridad deje de serlo. La sostenibilidad fiscal es insostenibilidad social.
Otro principio constitucional burlado de manera flagrante gracias a las mayorías parlamentarias fue la descentralización. A los entes territoriales, que tenían derecho sobre las regalías producto de las riquezas naturales de su territorio, les fueron retiradas, vía acto legislativo, tales prerrogativas. Bajo el discurso de la corrupción con el manejo de estas y la supuesta honradez del gobierno central, la plata utilizada para proyectos de carácter regional, pasó al bolsillo de la nación con el fin de ser utilizados, según lo dicho, en macro proyectos que sirvan al desarrollo de la infraestructura para la adaptación y adecuada competitividad del país en el contexto globalizador. Se pretenden invertir en el próximo decenio cerca de 99 billones de pesos, de los cuales 32 se ejecutarán en el presente decenio[4].
Ocurrido el desastre invernal, que dejo más de dos millones de damnificados: cifra que aun hoy sigue sin ser oficial, muestra de la ineficiencia del gobierno central, fue declarada por parte del gobierno la emergencia invernal que le otorgaba poderes especiales al Presidente de la Republica y bajo la cual se pretendió reformar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que han venido mostrando resistencias a otorgar licencias ambientales ilegitimas al capital transnacional, especialmente el de la gran minería del oro, que con las cotizaciones actuales se ha abalanzado sobre el mineral del cual se han encontrado grandes reservas en el país, como en La Colosa y Santurban. Bajo el amparo de la emergencia también se busco concretar la venta de otro 10% de la empresa más grande del país, ECOPETROL. Privatización de activos del Estado, es decir, orientaciones del BM y profundización en el neoliberalismo. La emergencia fue declarada inexequible por parte de la corte constitucional.
El PND fue aprobado con tres articulitos, los 45, 46 y 47, que resumen la política de tierras del actual gobierno, son de esos que suelen ser determinantes, pero que poca o ninguna discusión despiertan en los medios de comunicación. La Unidad Agrícola Familiar (UAF) ha sido un obstáculo para consolidar el modelo de gran plantación y concentración de la tierra en Colombia, que es determinante para los intereses de los “nuevos llaneros” y de capital sobrante en el mundo que ha encontrado en éste un nicho para la especulación financiera, paliativo de su actual crisis y próxima burbuja[5] a estallar. Pues bien, con esos artículos queda clara la intención del Ministerio de Agricultura de eliminar el obstáculo; lo que sumaria mas desigualdad en el campo colombiano donde la pequeña y mediana producción cuentan cada vez con menos garantías que le permitan al campesinado establecer formas de producción que les permitan vivir de manera auto gestionada, diferentes a las de peones de grandes señores feudales. Más confianza inversionista; la eliminación, con ayuda del Estado, de la competencia.
EL JUEGO POLITICO – ECONOMICO EN BOGOTÁ
La destitución se Samuel Moreno como alcalde de Bogotá le permitió a Santos, violando la ley y los derechos del partido de gobierno, el Polo Democrático Alternativo, instalar en el palacio de Lievano por más de un mes a una de sus esbirros, la cual puso a consideración del Concejo de Bogotá la venta de por lo menos la mitad mas uno de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); una empresa desvalorizada en la bolsa a partir del juego de una minoría accionaria, cosa que podría configurar un delito y sobre lo cual ya hay investigaciones.
Los escuderos de la enajenación presentan a la ETB como una empresa en crisis y no competitiva, pero no explican como una empresa en tales condiciones es vista con buen ojo por las calificadoras de riesgo (calificación AAA[6]) y sus competidores en el mercado, que seguro se encuentran detrás de la maniobra. También son eternos en el repicar de la famosa inversión extranjera que nos va a salvar, pero ocultan que aunque en apariencia el capital viene, en la realidad se va, y multiplicado, así lo señala Eduardo Sarmiento: “en la practica el capital no fluye de los países ricos a los pobres porque estos no tienen la forma de traducirlo en riqueza. Más bien se observa lo contrario”[7].
Ya está entonces por verse si como lo dice Santos "¡Al fin llegó la hora! ¡La hora de la Prosperidad para Todos!”.
[1] EL ESPECTADOR. “Estamos cuidando muy bien sus huevitos”, dijo Santos a Uribe (en línea). Bogotá, 16 de junio de 2011. Disponible en http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-277874-estamos-cuidando-muy-bien-sus-huevitos-dijo-santos-uribe.
[2] SUAREZ Montoya, Aurelio. Confianza inversionista. Bogotá: Ediciones Aurora, 2010. 15 pp.
[3] SARMIENTO Palacio, Eduardo. Golpe a los derechos fundamentales. Bogotá 29 de mayo de 2011. Disponible en http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-273358-golpe-los-derechos-fundamentales.
[4] CAICEDO Ferrer, Juan Martin. Infraestructura para la prosperidad: claves del éxito. En: Revista Infraestructura y Desarrollo de Bogotá N° 41 (Mayo – Junio de 2011). pp. 14.
[5] SUAREZ Montoya, Aurelio. El infarto de wall street: 2008. Bogotá: Ediciones Aurora, 2009. Pp. 241-271.
[6] Véase en: http://www.slideshare.net/aureliosuarez/fitch-ratings-espaol-abr012011
[7] SARMIENTO Palacio, Eduardo. El nuevo paradigma de la estabilidad, el crecimiento y la distribución del ingreso. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005. Pp. 74.
