En
la última década Colombia orientó sus esfuerzos en política internacional y
económica hacia la generación de “confianza
inversionista”, permitiendo poner al país en ojos del capital mundial que
siempre está en búsqueda de lugares donde puedan obtener altas tasas de
ganancia con el menor riesgo. Sobre esa realidad que hoy nadie discute, excepto
para defenderla o ser su detractor, escribe Aurelio Suarez Montoya.
Esas
políticas, que no empiezan en este siglo sino que nacen hace más de 30 años con
el inicio de la globalización como paradigma económico mundial, se ahondaron en
los dos gobiernos de Uribe y el primero de Santos; una vez sucedida la crisis
económica en la que entró el país en 1999. Fue ésta, por decirlo de alguna
manera, el prolegómeno de los hechos en los que se concretó los lineamientos de
la confianza inversionista, dictaminada a través del Plan Colombia, y los
acuerdos stand by del país con el FMI.
Un
aspecto fundamental que poco se menciona sobre lo anterior, es que la inversión
por la que tanto esfuerzo hacen los gobiernos neoliberales no busca que ésta se
desarrolle en cualquier campo económico puesto que ya hay, y es parte de lo que
representa insertar a un país del tercer mundo como Colombia en la
globalización, una especie de división internacional del trabajo. Son los
campos de extracción, de economía primaria, de explotación de recursos en
condiciones de ventaja comparativa; es decir, minerales como petróleo, carbón y
más recientemente el oro, hacia donde se dirige la mirada del inversionista al
que con tanto esmero y bastantes privilegios se les abre la puerta en nuestro
país.
Por
tres razones principales viene el capital a Colombia y no a otro país: primero
porque el capital que invierten tiene tantas prerrogativas y beneficios
tributarios, que la renta que obtienen es superior a la que pueden obtener en
otras partes del mundo; es decir, “el capital va a donde puede salir”. Segundo
porque las condiciones laborales con las que contratan a los colombianos son de
una informalidad que desconoce los avances en materia laboral de países del
siglo XXI; y tercero porque lo que le queda al Estado colombiano por concepto
de regalías, que es el valor que le corresponde a los colombianos del precio
final del producto vendido, son irrisorias frente a las necesidades nacionales (oro
3,2%; carbón 8%; petróleo 10%).
Y
agregaría una cuarta que contiene perfectamente las anteriores: La estructura
general del Estado colombiano, que ha modificado gradualmente aspectos
centrales de orden fiscal, jurídico, monetario, etc, que dinamizan las
políticas adoptadas por cada gobierno y a los que Aurelio Suarez hace
seguimiento y explicación minuciosa.
En
conclusión, una economía que nos mantiene en condiciones de “neocolonia”, de sumisión, de imposibilidad
de desarrollar conocimientos en otros sectores económicos con capacidad de
generar de verdad valor agregado. Un país diseñado a la medida de las necesidades
del capitalismo mundial inmerso en la actualidad en la más profunda crisis que
haya habido desde el crack del 29.
