El Estado colombiano ha impulsado
desde hace ya casi una década el modelo agroindutrial basado en la producción
de agrocombustibles a partir de diversos insumos, como la caña de azúcar y la
palma de aceite principalmente.
Este modelo, que responde a la
búsqueda de nuevas fuentes de energía y de paso de ganancias, ha venido
convirtiéndose en el país en el eje central de la política agraria; y no me
refiero solo al de la producción de agrocombustibles sino al entramado de
requerimientos económicos, sociales y políticos que conlleva la adopción del
mismo, lo cual ha empezado a generar una serie de nuevos debates en torno al
futuro de la producción agraria nacional, de la propiedad sobre la tenencia de
la tierra, la orientación de las ayudas económicas y de subsidios que brinda el
Estado en el agro, etc.
No entraré a profundizar en
cifras sobre hectáreas sembradas en caña o palma de aceite, o sobre cuanta
cantidad de los cultivos de caña del Valle del Cauca se utilizan en la
producción de agrocombustibles, ni si generan impacto ambiental negativo pues
es una realidad ya conocida, entre otras, la acidez que generan en el suelo y
la pérdida de biodiversidad ecosistémica que causan los monocultivos, en
especial cuando son en áreas extensas, etc. Voy a hablarles entonces, sobre el
acomodamiento de la estructura del Estado y de la política agraria nacional a
las necesidades de la implantación del modelo agroindustrial y la
extranjerización de la tierra; por supuesto de manera breve, pues la idea es
hacerles amena la lectura y no montarles un mamotreto o biblia imposible de
leer y entender.
Colombia es un país con una alta
informalidad en la tenencia de la tierra, lo que ha venido a convertirse en un
serio problema para los neoliberales que poseen el poder, pues a la hora de
introducir al país en los mercados de tierras dicha informalidad actúa como una
traba para la libre concurrencia, para utilizar un poco el lenguaje de estos
nefastos personajes. Sobre lo anterior existe un informe del Banco Mundial
alertando sobre esta situación y solicitando acciones que contribuyan a la
definición de títulos y claridad en la propiedad.
En el país a partir de la
expedición de la Ley 160 de 1994 sobre reforma agraria y desarrollo rural, se creó
la Unidad Agrícola Familiar (UAF), la cual es entendida como la extensión en
hectáreas que necesita una familia para generar dos empleos permanentes y dos
salarios mínimos (en Colombia miserables) como capital excedente o ganancia
neta. Esta UAF se implementa cuando el Estado adjudica o titula predios baldíos
de la nación, también como norma que impide a una persona natural o jurídica
adquirir extensiones grandes de tierra siempre que estas hayan sido producto de
Reforma Agraria y titulación por parte del Estado. Este solo concepto
introducido en la Ley ha puesto en aprietos a quienes están interesados en
explotar grandes extensiones de tierra en zonas donde la colonización no ha
llegado; han sido de resonancia especial los casos del oriente del Meta y del
Departamento del Vichada, que pueden sumar más de 12 millones de hectáreas
subutilizadas y donde aún existen baldíos en grandes extensiones; y supondrán
ustedes la inversión que se busca para qué tipo de producción. Sí, en su
mayoría para cultivos de agrocombustibles, tanto palma como caña, aunque hay
que aclarar que han sonado mucho los casos en los cuales Estados, como el
chino, buscan lugares en la tierra para garantizar provisión de alimento a
futuro para su población, y en ese mismo plan andan montados otros estados y
por supuesto los infaltables inversionistas que ya olieron la posibilidad de
ganancia. Paradoja: el “anticuado” concepto de la soberanía alimentaria que “impedía
al tercer mundo desarrollarse” ha venido a convertirse en política entre los
papás del libre mercado.
En ese sentido ha empezado actuar
el gobierno colombiano, ha intentado a través de la aprobación del Plan
Nacional de Desarrollo la flexibilización del concepto de UAF con el fin de
poder otorgar tierras bajo arriendo en grandes extensiones a grandes capitales.
Imagínense eso, en un país con una concentración de la propiedad que asusta
(gini agrario del orden de 0,87), y el gobierno, el Estado promoviendo que las
tierras que por norma y por justicia deben ser entregadas a campesinos sin
tierra, pasen a manos de inversionistas extranjeros.
Tuve la oportunidad de recorrer
el departamento del Meta de norte a sur y pude comprobar las inmensas
extensiones que ya existen hoy de palma de aceite. Hay tramos de vía donde
usted puede ir a más de 100 km/h por más de media hora y lo único que ve es
palma a borde de carretera y hasta donde la vista da, tierras que, valga la
pena hacer la mención, en un alto porcentaje fueron adquiridas con el uso de la
violencia por parte de paramilitares y con ayuda de las fuerzas armadas,
desplazando y arrebatando la propiedad de las mismas a campesinos. Que esto
suceda después de cubrir las propias necesidades de alimento para la población
de un país puede tener su lógica, pero que Colombia tenga en aumento este fenómeno
al tiempo que importa más del 50% de su dieta alimenticia es por lo menos
diciente del tipo de intereses que dirigen el Estado colombiano.
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Es claro entonces todas las
implicaciones que tiene el agotamiento de las fuentes tradicionales de energía
no renovable y la inagotable voracidad del capital, que ha encontrado una nueva
fuente de reproducción, sobre la vida de la población rural, la estructura jurídica
del Estado y sobre el futuro de la altillanura y zonas inexplotadas del país.
Se viene la extranjerización de las tierras nacionales, el encarecimiento de la
dieta básica aunado por la firma de TLC con EE.UU con la Unión Europea y un
montón más de tratados que ya empiezan a sonar con otras naciones en todo el
mundo.
