Sobre Agrocombustibles y su relación con la extranjerización de la tierra

El Estado colombiano ha impulsado desde hace ya casi una década el modelo agroindutrial basado en la producción de agrocombustibles a partir de diversos insumos, como la caña de azúcar y la palma de aceite principalmente.

Este modelo, que responde a la búsqueda de nuevas fuentes de energía y de paso de ganancias, ha venido convirtiéndose en el país en el eje central de la política agraria; y no me refiero solo al de la producción de agrocombustibles sino al entramado de requerimientos económicos, sociales y políticos que conlleva la adopción del mismo, lo cual ha empezado a generar una serie de nuevos debates en torno al futuro de la producción agraria nacional, de la propiedad sobre la tenencia de la tierra, la orientación de las ayudas económicas y de subsidios que brinda el Estado en el agro, etc.

No entraré a profundizar en cifras sobre hectáreas sembradas en caña o palma de aceite, o sobre cuanta cantidad de los cultivos de caña del Valle del Cauca se utilizan en la producción de agrocombustibles, ni si generan impacto ambiental negativo pues es una realidad ya conocida, entre otras, la acidez que generan en el suelo y la pérdida de biodiversidad ecosistémica que causan los monocultivos, en especial cuando son en áreas extensas, etc. Voy a hablarles entonces, sobre el acomodamiento de la estructura del Estado y de la política agraria nacional a las necesidades de la implantación del modelo agroindustrial y la extranjerización de la tierra; por supuesto de manera breve, pues la idea es hacerles amena la lectura y no montarles un mamotreto o biblia imposible de leer y entender.

Colombia es un país con una alta informalidad en la tenencia de la tierra, lo que ha venido a convertirse en un serio problema para los neoliberales que poseen el poder, pues a la hora de introducir al país en los mercados de tierras dicha informalidad actúa como una traba para la libre concurrencia, para utilizar un poco el lenguaje de estos nefastos personajes. Sobre lo anterior existe un informe del Banco Mundial alertando sobre esta situación y solicitando acciones que contribuyan a la definición de títulos y claridad en la propiedad.

En el país a partir de la expedición de la Ley 160 de 1994 sobre reforma agraria y desarrollo rural, se creó la Unidad Agrícola Familiar (UAF), la cual es entendida como la extensión en hectáreas que necesita una familia para generar dos empleos permanentes y dos salarios mínimos (en Colombia miserables) como capital excedente o ganancia neta. Esta UAF se implementa cuando el Estado adjudica o titula predios baldíos de la nación, también como norma que impide a una persona natural o jurídica adquirir extensiones grandes de tierra siempre que estas hayan sido producto de Reforma Agraria y titulación por parte del Estado. Este solo concepto introducido en la Ley ha puesto en aprietos a quienes están interesados en explotar grandes extensiones de tierra en zonas donde la colonización no ha llegado; han sido de resonancia especial los casos del oriente del Meta y del Departamento del Vichada, que pueden sumar más de 12 millones de hectáreas subutilizadas y donde aún existen baldíos en grandes extensiones; y supondrán ustedes la inversión que se busca para qué tipo de producción. Sí, en su mayoría para cultivos de agrocombustibles, tanto palma como caña, aunque hay que aclarar que han sonado mucho los casos en los cuales Estados, como el chino, buscan lugares en la tierra para garantizar provisión de alimento a futuro para su población, y en ese mismo plan andan montados otros estados y por supuesto los infaltables inversionistas que ya olieron la posibilidad de ganancia. Paradoja: el “anticuado” concepto de la soberanía alimentaria que “impedía al tercer mundo desarrollarse” ha venido a convertirse en política entre los papás del libre mercado.

En ese sentido ha empezado actuar el gobierno colombiano, ha intentado a través de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo la flexibilización del concepto de UAF con el fin de poder otorgar tierras bajo arriendo en grandes extensiones a grandes capitales. Imagínense eso, en un país con una concentración de la propiedad que asusta (gini agrario del orden de 0,87), y el gobierno, el Estado promoviendo que las tierras que por norma y por justicia deben ser entregadas a campesinos sin tierra, pasen a manos de inversionistas extranjeros.

Tuve la oportunidad de recorrer el departamento del Meta de norte a sur y pude comprobar las inmensas extensiones que ya existen hoy de palma de aceite. Hay tramos de vía donde usted puede ir a más de 100 km/h por más de media hora y lo único que ve es palma a borde de carretera y hasta donde la vista da, tierras que, valga la pena hacer la mención, en un alto porcentaje fueron adquiridas con el uso de la violencia por parte de paramilitares y con ayuda de las fuerzas armadas, desplazando y arrebatando la propiedad de las mismas a campesinos. Que esto suceda después de cubrir las propias necesidades de alimento para la población de un país puede tener su lógica, pero que Colombia tenga en aumento este fenómeno al tiempo que importa más del 50% de su dieta alimenticia es por lo menos diciente del tipo de intereses que dirigen el Estado colombiano.

Es claro entonces todas las implicaciones que tiene el agotamiento de las fuentes tradicionales de energía no renovable y la inagotable voracidad del capital, que ha encontrado una nueva fuente de reproducción, sobre la vida de la población rural, la estructura jurídica del Estado y sobre el futuro de la altillanura y zonas inexplotadas del país. Se viene la extranjerización de las tierras nacionales, el encarecimiento de la dieta básica aunado por la firma de TLC con EE.UU con la Unión Europea y un montón más de tratados que ya empiezan a sonar con otras naciones en todo el mundo.